Autoridades del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Seguridad llevaron a cabo la destrucción de 7.6 millones de cigarrillos incautados, los cuales no contaban con la respectiva regulación sanitaria.
Las unidades decomisadas equivalen a 10.28 toneladas, con un valor estimado en más de $2.1 millones, monto que incluye los impuestos dejados de percibir, costos de almacenaje y multas.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, señaló que este decomiso no solo representa un caso de evasión fiscal, sino también un riesgo para la población.
“Estos cigarrillos incautados, que representan alrededor de 2.1 millones de dólares en evasión, no son simplemente mercancías; son una amenaza directa a la salud de nuestra gente, ya que no cuentan con ningún tipo de regulación sanitaria”, expresó.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteró que la estrategia de seguridad busca desarticular a las estructuras criminales vinculadas al contrabando.
Las autoridades subrayaron que el comercio ilícito de cigarrillos trae consecuencias graves: expone a los consumidores a productos sin control, afecta a la sociedad y a los comercios legítimos, desestabiliza los mercados y genera competencia desleal contra la industria legalmente establecida.
Finalmente, las más de diez toneladas de cigarrillos fueron trasladadas a la planta GeoCycle, ubicada en Metapán, Santa Ana, donde se procesaron para su destrucción sin generar impactos adversos al medio ambiente.