La justicia salvadoreña continúa dando golpes contundentes contra la extorsión. El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 10 años de prisión a José Ricardo Salvador Fuentes por extorsionar a un comerciante local mediante amenazas de muerte contra él y su familia.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), Fuentes —vinculado a estructuras criminales— contactó a la víctima a través de múltiples llamadas telefónicas en las que exigía pagos periódicos de dinero a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus seres queridos. La víctima, un comerciante de la zona, inicialmente llegó a un acuerdo con los extorsionistas para evitar represalias, pero decidió romper el silencio y denunciar los hechos ante las autoridades.
Gracias a la denuncia oportuna y a la rápida respuesta policial, se montó un operativo que permitió identificar y capturar en flagrancia a José Ricardo Salvador Fuentes en el preciso momento en que recogía el dinero producto de la extorsión. La captura se realizó con todo el respaldo probatorio: testimonios, registros de llamadas y el dinero en efectivo decomisado.
El tribunal valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostraron la responsabilidad del imputado en el delito de extorsión agravada, y dictó la pena de 10 años de prisión efectiva. Esta condena refuerza el mensaje claro del Gobierno: bajo el régimen de excepción y el compromiso permanente contra el crimen organizado, las estructuras que intentan sembrar terror en la población enfrentan la mano firme de la justicia.
La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, ahora puede ejercer su actividad comercial con mayor tranquilidad, sabiendo que las autoridades responden de forma inmediata y efectiva a las denuncias.