










Nueve personas vinculadas a una estructura dedicada a la apropiación indebida de vehículos y estafa enfrentan un juicio en San Salvador, donde la Fiscalía busca establecer cómo operaba la organización y la forma en que habría perjudicado a más de un centenar de víctimas.
Las investigaciones señalan que la red funcionó a escala nacional durante el periodo comprendido entre julio de 2020 y marzo de 2022, dejando al menos 117 afectados entre empresas arrendadoras y ciudadanos suplantados.
Para ejecutar las operaciones, los integrantes utilizaban documentos de identidad de terceras personas para alquilar vehículos de manera fraudulenta y posteriormente falsificaban los documentos de propiedad para comercializarlos.
Según la FGR, los automotores eran publicados en redes sociales con precios que iban desde los $5,000 hasta los $12,000, mientras el proceso continúa en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
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