En la discusión parlamentaria, el diputado de Nuevas Ideas, Kaleb Navarro, aseguró que las reformas permiten un “modelo dinámico” que hace más efectiva y expedita la justicia, respondiendo a la dinámica de las capturas de más de 88,700 pandilleros recluidos.

En la misma línea, el legislador Walte Coto destacó que las reformas garantizan la vigencia del Decreto 803 y brindan herramientas a la Fiscalía General de la República para que los detenidos permanezcan bajo custodia “mientras el proceso concluye”.

Las modificaciones también establecen que, en los casos que involucren a menores de edad, los jueces especializados actuarán únicamente como garantes, velando por el cumplimiento de sus derechos. Asimismo, se habilita la detención de ausentes o extranjeros, la agrupación de imputados en los procesos y la realización de audiencias abiertas, que podrán mantenerse activas para recibir pruebas en contra de cada acusado.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, respaldó las reformas al señalar que las pandillas representan un “enemigo para El Salvador” y que el Decreto 803 ha sido clave para organizar jurídicamente las múltiples capturas efectuadas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

Por su parte, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, aseguró que las reformas modernizan los procedimientos contra estructuras criminales, superando la aplicación de normas diseñadas para delincuencia común, que anteriormente favorecían la impunidad.

Las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado fueron aprobadas sin el apoyo de los partidos VAMOS y ARENA.

El fiscal general destacó que con la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, es necesario realizar dichas reformas.

«Necesitamos este tipo de reformas porque lo que se pretende, establecer un modelo procesal especializado y dinámico que permita que la justicia sea efectiva y expedita, y que responda a toda la dinámica de capturas y del procesamiento de 88,750 personas señaladas de pertenecer a estos grupos pandilleriles», expresó el fiscal ante los diputados.

Entre las reformas planteadas, se contempla otorgar a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo adicional de dos años, para presentar acusaciones contra los detenidos bajo el Régimen de Excepción.

Además, el titular de la FGR aseguró que las enmiendas permitirán iniciar los juicios contra aquellas personas capturadas en el marco de esta medida extraordinaria. «Estas reformas van a permitir iniciar los juicios de aquellas personas que se capturaron en el marco del Régimen de Excepción», reiteró.

En El Salvador, el Régimen de Excepción entró en vigencia por primera vez mediante el Decreto Legislativo n.º 333, de orden público, emitido el 27 de marzo de 2022. A la fecha, se reporta la captura de 88,000 individuos, incluidos principales líderes de pandillas y miembros de diferentes niveles de la estructura criminal.

Tras conocer la opinión del funcionario, los diputados de la Comisión de Seguridad emitió Dictamen Favorable, que sería conocido en la próxima Sesión Plenaria.