Según Patel, Hilmi permanecía prófugo desde mayo de 2025, pero fue localizado y detenido en el extranjero gracias a una operación conjunta entre el FBI de Miami, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y autoridades de Turquía. Posteriormente, fue trasladado a territorio estadounidense mediante un proceso de transferencia internacional de custodia para enfrentar los cargos en su contra.

El funcionario aseguró que la captura representa una importante victoria en los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir los delitos financieros y perseguir a quienes defraudan fondos públicos destinados a la atención médica.

Patel también agradeció la colaboración del embajador Tom Barrack, a quien calificó como un aliado clave para el desarrollo y resolución del caso. Según el director del FBI, la detención demuestra que los responsables de cometer delitos contra los contribuyentes estadounidenses pueden ser ubicados y procesados sin importar dónde intenten ocultarse.

Las investigaciones iniciaron en mayo de 2025, logrando determinar el modo de operar y la red de alcance de esta organización.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que se ha vinculado a la estructura 4,728 casos individuales y que se detectó un movimiento financiero ilícito de aproximadamente 6 millones de dólares.

“Desde El Salvador, los criminales engañaban y amenazaban con el objetivo de apropiarse del patrimonio de nuestras familias, valiéndose de ofertas de empleo irregulares, créditos inexistentes, alquileres ficticios, falsas llegadas de maletas a las aduanas salvadoreñas y supuestas inversiones”, señaló Delgado.

Las autoridades han girado 130 órdenes de captura, entre ellas contra 4 colombianos, 1 venezolano, 2 guatemaltecos y 123 salvadoreños. En la primera fase se reporta la detención de 114 personas, de las cuales 30 fueron capturadas en flagrancia mientras cometían el ilícito, y 84 más en operaciones simultáneas, además del decomiso de bienes ilícitos.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que las denuncias por estafas cometidas mediante WhatsApp y otras modalidades alertaron a las autoridades sobre el caso.

“Dentro de la pirámide organizacional de esta estructura criminal, en el último nivel están las denominadas mulas financieras. Resulta ser un colectivo bastante grande de salvadoreños que, aun sabiendo que no es una actividad lícita, prestaron su cuenta de ahorros para recibir dinero; la evidencia más grande recae sobre esta parte”, indicó Villatoro.

Los señalados en este caso son Eugenia Beatriz Santos Romero y Erick William Santos Oviedo, acusados de los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas y Laura Elizabeth Romero González, por el delito de agrupaciones ilícitas.

Según el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, FGR, señala que los tres imputados conformaban una agrupación dedicada a la estafa, cuyo modus operandi consistía en ganarse la confianza de las víctimas, tras lo cual las invitaban a invertir en la bolsa de valores con la promesa de obtener una ganancia del 10%.

Las investigaciones determinan que estos sujetos, una vez que las víctimas realizaban los depósitos, al inicio los imputados entregaban una ganancia para mantenerlas invirtiendo, pero con el tiempo dejaron de entregar los beneficios y cortaron toda comunicación. La Fiscalía atribuye a los procesados una estafa que asciende a $266,000 en perjuicio de siete víctimas.

El Juzgado Décimo de Paz tras el desarrollo de la audiencia inicial consideró la existencia del delito y la probable participación de los procesados, y procedió a decretar la medida cautelar de la instrucción formal.