El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que desde este jueves 1 de octubre entrarán en vigor nuevos precios para los combustibles, luego de que el país atravesara durante septiembre una fuerte ola de protestas y bloqueos de carreteras provocada por el incremento de los carburantes. Según el mandatario, la gasolina superior pasará a costar Q36.24 por galón, la regular Q34.96 y el diésel Q42.94, lo que representa ahorros de Q9.05, Q8.33 y Q6.45, respectivamente. La reducción será posible por la suspensión temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados, aprobada por el Congreso y sancionada ahora por Arévalo.
La medida guatemalteca llega después de que el aumento de los combustibles generara enfrentamientos durante los operativos para liberar las carreteras, mientras transportistas y otros sectores reclamaban acciones para reducir el costo de los carburantes. El Congreso aprobó inicialmente otras medidas de apoyo, pero posteriormente avanzó con la exención temporal de ambos impuestos, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
El contraste con El Salvador está en el momento en que se aplicaron las medidas. Durante la crisis internacional de combustibles de 2022, el Gobierno salvadoreño impulsó desde marzo la suspensión temporal del FEFE y COTRANS y una reducción temporal del IVA a los combustibles; posteriormente, en abril, se aprobó un mecanismo para fijar precios máximos y que el Estado absorbiera parte del incremento internacional. Estas disposiciones fueron implementadas mientras se desarrollaba la escalada internacional de precios, antes de que se produjera en El Salvador una crisis como la registrada en Guatemala este año.
Mientras El Salvador respondió con mecanismos de contención desde las primeras etapas de la crisis de 2022, Guatemala llega a una reducción tributaria considerable después de que el encarecimiento de los combustibles ya provocara una crisis. Con la nueva disposición, los consumidores guatemaltecos tendrán desde mañana precios de referencia considerablemente menores, mientras el Gobierno deberá supervisar que la reducción de impuestos sea trasladada efectivamente al precio final en las gasolineras.